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Varias voces del sector inmobiliario han recibido con ‘peros’ y críticas la decisión del Gobierno de polongar hasta el 31 de enero la fecha para prohibir los desahucios por impago del alquiler, la prórroga automática de los contratos de arrendamiento y la obligación de los grandes tenedores de viviendas y entidades públicas a renegociar la renta con los inquilinos vulnerables afectados por la crisis del coronavirus.